Durante su visita a Armenia el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, hizo un importante anuncio relacionado con la judicialización de 32 presuntos integrantes de ‘La Secreta’, lo cual permitió esclarecer 9 homicidios en Quindío.
Ante la solicitud de un Fiscal de la Seccional Quindío, un juez de control de garantías de Armenia impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 32 presuntos miembros del Grupo de Delincuencia Organizado ‘La Secreta’ que estaría delinquiendo en Armenia, Calarcá, Montenegro y Circasia.
De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía desde febrero de 2020, a ‘La Secreta’ se le atribuyen varios homicidios selectivos. Así mismo, se les considera responsables de varios asesinatos, presumiblemente, para mantener el control territorial de cara a la comercialización de estupefacientes como marihuana, cocaína y drogas sintéticas en la zona sur occidental de Armenia; lo mismo que en Montenegro y Circasia.
Con la desarticulación de La Secreta que opera, al parecer, bajo el liderazgo de Orley de Jesús Ibarra Arévalo, alias ‘Arañín’, actualmente recluido en centro penitenciario, fueron esclarecidos 18 homicidios; 9 de estos en grado de tentativa.
Del total de procesados 18 fueron capturados en allanamientos y en vía pública durante labores adelantadas por uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional; mientras otros 14 fueron imputados en los centros de reclusión en los que están detenidos por otros delitos.
A los integrantes de La Secreta “se les atribuyen una multiplicidad de delitos homicidios selectivos, desplazamiento forzado agravado, terrorismo, uso de menores de edad en comisión de delitos”, dijo el Fiscal General de la Nación en referencia a algunos de los cargos que imputó el ente acusado.
Los procesados también están siendo investigados por delitos como desplazamiento forzado de pobladores en las veredas Arenales y La Secreta Baja en Armenia (Quindío) para, al parecer, apoderarse de sus propiedades.
Además, se les imputó hurto el cual era cometido en fincas. La contundencia del material probatorio permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento intramural a todos los procesados. A una mujer le fue sustituida la medida por su avanzado estado de embarazo.